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La entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales (The entry into force of the UN Convention on International Watercourses)

Monday, October 13th, 2014

The following post is by Dr. Nicolás Boeglin of the la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. It was prepared in Spanish to broaden the discussion about the 1997 UN Watercourses Convention and encourage the conversation in the Spanish-speaking world. The IWLP welcomes such opportunities and looks forward to engaging with friends and colleagues in multiple languages and regions globally.

El siguiente artículo del Dr. Nicolás Boeglin (Costa Rica) analiza el significado de la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas de 1997 sobre Cursos de Agua Internacionales desde la perspectiva de América Latina. El Dr. Boeglin es profesor de derecho internacional público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y es consultor en esta materia. Puede ser contactado al siguiente correo: nboeglin (a) gmail.com.

El pasado mes de agosto, al cumplirse los 90 días posteriores a la ratificación número 35 (Vietnam, en mayo del 2014), entró oficialmente en vigor la “Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación“, adoptada en 1997 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se trata de un instrumento internacional que, de acuerdo a la práctica del derecho internacional cuando se trata de explorar nuevo ámbitos normativos, recurre a la técnica jurídica de la convención marco (“framework convention” en inglés): esta expresión refiere a textos normativos que sistematizan un conjunto de principios generales que puedanervir de base para establecer una futura cooperación interestatal. Un artículo de doctrina sobre este peculiar tipo de instrumentos indica que: “El carácter de convenio marco de una convención se fundamenta en la decisión de las partes de delegar aspectos relevantes para lograr los objetivos de dicha convención a acuerdos posteriores” (traducción libre del autor, p. 441).

La Convención parte de una definición mucho más integral de “curso de agua internacional“, comparada con la clásicamente usada de “río internacional”. Su artículo 2 estipula que: “A los efectos de la presente Convención: a) Por “curso de agua” se entenderá un sistema de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común; b) Por “curso de agua internacional” se entenderá un curso de agua algunas de cuyas partes se encuentran en Estados distintos“. De acuerdo a este esfuerzo conceptual, podemos citar, a modo de ejemplo, las iniciativas de España para delimitar “la parte española de las demarcaciones hidrográficas correspondientes a las cuencas hidrográficas compartidas con otros países” (artículo 3 del Real Decreto 125/2007). En contraste, podemos indicar que, en la primera controversia sobre los derechos de navegación en el Río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua llevada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ninguna de las partes logro imponer su pretensión sobre la calificación jurídica del río. En su decisión del 13/07/2009, la CIJ afirmó que “…no cree tampoco, en consecuencia, deber decidir sobre el punto de saber si el San Juan entra en la categoría de los “ríos internacionales” – tal como lo sostiene Costa Rica –  o si constituye un río nacional que comporta un elemento internacional – según la tesis de Nicaragua” (párrafo 34, traducción libre).

La Convención de 1997 contiene varios principios (Artículos 5 a 10) que deben guiar el actuar de los Estados del curso de agua internacional. La lectura del artículo 7 relativa a la obligación de no causar un daño significativo a otros usuarios posiblemente recuerde un sin fin de controversias acaecidas en los últimos años en diversas partes del mundo. Muchas de ellas, como por ejemplo entre Costa Rica y Nicaragua, o entre Argentina y Uruguay, no encuentran una solución satisfactoria en parte debido al uso de nociones jurídicas limitadas que adolecen de un enfoque integral, el cual es indispensable en cualquier intento de regular un recurso como el agua.

Al revisar el estado de firmas y ratificaciones oficial de la Convención, resulta llamativo que la región que concentra mayores recursos hídricos, y que cuenta con una nutrida práctica convencional como América Latina esté ausente de dicha lista. Una firma de Venezuela (1997) y de Paraguay (1998) son los únicos “logros” después de 17 años de campañas a favor de su ratificación promovidas por organizaciones regionales y entidades no gubernamentales (ONG). Una evaluación crítica de estas últimas se impone, ya que raramente se ha observado un impacto tan limitado en América Latina de una campaña en favor de la ratificación de un instrumento a vocación universal.

En 1994, al aprobarse el anteproyecto de la Convención por parte de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) los Estados Miembros de Naciones Unidas conformaron un grupo de trabajo para readecuar el texto y garantizarle una adopción final mediante la resolución A/RES/517229 de la Asamblea General. Fue adoptada en 1997 con 103 votos a favor, 3 en contra (Burundi, China y Turquía) y 27 abstenciones. Por parte de América Latina votaron a favor: Brasil, Chile, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. Se abstuvieron: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. El detalle  del voto indica que Belice, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana aparecen entre los “No shows” que sumaron en total 52 Estados (número extremadamente elevado para la práctica en materia de votaciones en la Asamblea General).

La Parte IV de la Convención (reglas en materia de protección del ambiente) puede ser comparada con las reglas enunciadas por la CIJ en el caso de las Plantas de Celulosa (Argentina c. Uruguay, sentencia de abril del 2010). Resuelto de manera sumamente cuestionable, este caso dio lugar a nuevas tensiones, que analizamos recientemente. De la misma manera, el contenido de la Parte IV deberá ser comparado con las reglas que enuncie la CIJ con ocasión de los dos casos que enfrentan a Costa Rica y Nicaragua: el del dragado del río San Juan, con la demanda interpuesta por Costa Rica en el 2010; y el relacionado con la denominada “trocha fronteriza”, objeto de la demanda interpuesta por Nicaragua en el 2011. Tuvimos de igual forma la posibilidad de analizar en su momento el proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas en Costa Rica y sus implicaciones ambientales en un curso de agua internacional desde la perspectiva de la protección de un curso de agua internacional.

El derecho internacional tiende a veces a modernizar de manera más ágil el marco jurídico en comparación con el derecho nacional. Tal es el caso de la Convención de 1997. Por ejemplo, dos Estados Parte a la Convención, España y Portugal, han logrado consolidar, luego de la adopción del Convenio de Albufeira de 1998, una cooperación técnica para el aprovechamiento, gestión y protección de las numerosas cuencas hidrográficas compartidas en una impresionante lista de acuerdos técnicos bilaterales.

Es de esperar que esta entrada en vigor reciente inspire a muchos Estados y los incite a ratificar este instrumento internacional, en particular en América Latina.

Dr. Maria Querol: The UN Watercourses Convention and South America

Thursday, August 21st, 2014

The following post by Dr. Maria Querol is the ninth in the series of essays related to the entering into force of the 1997 UN Watercourses Convention (see links to all of the essays here). Dr. Querol is an international law consultant with a vast background in international water law. She can be reached at maria.querol [at] gmail.com.

 

Introduction

Although the 1997 UN Watercourses Convention (UNWC) has finally entered into force, not one South American country is among its State Parties. Whilst Brazil, Chile, Uruguay and Venezuela voted in favour of its adoption at the UN General Assembly (UNGA), Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay and Peru all abstained. Paraguay and Venezuela were the only states from the region to sign the Convention, in 1997 and 1998 respectively. Nevertheless, neither has made any attempt to ratify it.

Many arguments have been presented to justify this flagrant absence, mainly focusing on the concern of South American states regarding challenges to their sovereignty over water resources flowing through their territories. However, this is not the only factor to be considered when analysing the region’s position on this topic.

Multilateral transboundary water treaties of South America

South American states have a history of concluding international treaties to regulate the management of their shared watercourses. This long-standing tradition favors the implementation of specific mechanisms and international water law norms over more general regimes. While most of these agreements are bilateral, there are four exceptions: the 1969 Treaty of the River Plate Basin, the 2010 Guarani Aquifer Agreement, the 1978 Amazon Cooperation Treaty, and the 1995 Agreement constituting the Tri-National Commission of the Pilcomayo River Basin.

International Basins of South AmericaThe Plate Basin Treaty entered into force for Argentina, Bolivia, Brazil, Uruguay and Paraguay on 14 August 1970.  It operates as an umbrella for other more specific agreements, both bilateral and multilateral, that have been concluded with regard to particular transboundary watercourses within the basin. Article VI of this agreement foresees the possibility that its Contracting Parties may conclude specific, partial, bilateral, or multilateral agreements designed to develop the basin. Accordingly, the Guarani Aquifer Agreement was concluded within the framework of the Plate Basin Treaty. Thus, the basin is regulated with an intergrated approach, both from a general and a more specific standpoint.

Transboundary watercourses are regarded in the region as shared natural resources. This view was particulary emphasized by both Argentina and Uruguay in the 1975 River Uruguay Statute and reaffirmed in 2010 in the Pulp Mills case before the International Court of Justice (ICJ). In this regard, Argentina argued in its memorial to the Court that “[t]he shared nature of the River Uruguay is also apparent from the fact that obligations are imposed on Argentina and Uruguay at an international level. The 1975 River Uruguay Statute is actually a repository for th[ose] international obligations”. Those obligations comprise the rules of no significant harm, equitable and reasonable use, and prior notification. It is important to bear in mind that these general norms are only applicable to the use and protection of shared natural resources as long as the states sharing the resource have not implemented a more specific conventional regime. Accordingly, Argentina also declared that while the River Uruguay Statute had been concluded 22 years before the UNWC was adopted by the UNGA, “the Statute provides for the establishment of a system of co-operation which is far more rigorous than that laid down by the Convention.”

The Amazon Cooperation Treaty was adopted by Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Suriname and Venenzuela to promote equitable and mutually beneficial results in the Amazon territories under their respective jurisdictions. It entered into force on 12 August 1980. The no harm rule and the reasonable and equitable principle are enshrined in Article I of the agreement. The no harm rule is also implicit in Article XVI as it stipulates that the decisions and commitments adopted by the State Parties to the treaty shall not be to the detriment of projects and undertakings executed within their natural territories, in accordance with international law. In addition, Article V prescribes the rational utilization of the water resources of the Amazon System. Periodic exchange of information among all the State Parties is also provided for in Articles I, VII and XI.

By virtue of an amendment to Article XXII of the Amazon Cooperation Treaty, the Organization of the Treaty of Amazon Cooperation was created with the view of further strengthening and ensuring the more effective implementation of the goals of the Treaty. The existence of an international legal entity directly regulated by public international law no doubt facilitates the realization of projects and can provide guidance for the rational utilization and sustainable management of shared water resources in the Amazon region.

Although the Amazon Cooperation Treaty does not prescribe a dispute resolution mechanism, State Parties can agree to submit their disputes to an arbitral tribunal or a permanent judicial organ such as the ICJ. They can also resort to a political dispute resolution method such as mediation or good offices. In any case, states are always bound by the customary obligation to negotiate a solution to their disputes in good faith.

Transboundary water management in South America

Unlike the practice in other regions of the world, discussions over shared water resources in South America, more often than not, take place under a cordial atmosphere. Although information exchange among states does take place in the region, the necessary data may be scattered around in different institutions, in which case its collection can prove quite burdensome. With reference to dispute resolution, South American states have been resolving their issues through direct negotiations and in some cases, as between Argentina and Uruguay, through the ICJ. Whilst progress has been made in terms of cooperation and knowledge over the management of shared surface water resources, this is not the case with regards to all shared groundwater. A first step forward has indeed been taken with regards to the Guarani Aquifer. But, further in-depth knowledge is necessary to provide a more complete scenario of all the possible consequences of human action related to transboundary groundwater resources.

Currently, South American states do not appear to have an immediate interest in a universal framework treaty to regulate the management of their transboundary water resources. Rather, they would prefer to continue resorting to their existing bilateral and multilateral agreements and to applicable customary norms in the absence of such treaties. They even count on international organizations to help implement their preferred management regime in the case of the Amazon Basin, and through a framework agreement for the Plate Basin.

This does not mean that the UNWC will have no value to South America. To the extent that the Convention codifies general international rules, its norms are binding on all states of the international community, including those of South America. In addition, the entry into force of the UNWC might foster the development of new customary norms in areas not yet covered by the existing regional treaties and could prove very influential in the interpretation of those particular treaties.